EXTRADICIÓN
El procedimiento de Extradición, se regula del artículo 16 al 37 de la Ley de Extradición Internacional (así mismo se debe revisar el tratado de extradición, con el Estado requirente, si lo hubiere).
La petición formal de extradición y los documentos en que se apoye el Estado solicitante, deberán contener:
I.- La expresión del delito por el que se pide la extradición.
II. La prueba que acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del reclamado. Cuando el individuo haya sido condenado por los Tribunales del Estado solicitante, bastará acompañar copia auténtica de la sentencia ejecutoriada.
III.- Las manifestaciones a que se refiere el artículo 10 de la Ley de Extradición Internacional, en los casos en que no exista tratado de extradición con el Estado solicitante.
IV.- La reproducción del texto de los preceptos de la Ley del Estado solicitante que definan el delito y determinen la pena, los que se refieran a la prescripción de la acción y de la pena aplicable y la declaración autorizada de su vigencia en la época en que se cometió el delito.
V.- El texto auténtico de la orden de aprehensión que, en su caso, se haya librado en contra del reclamado.
VI.- Los datos y antecedentes personales del reclamado, que permitan su identificación, y siempre que sea posible, los conducentes a su localización.
Los documentos señalados en y cualquier otro que se presenten y estén redactados en idioma extranjero, deberán ser acompañados con su traducción al español y legalizados conforme a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales (si la petición fue hecha cuando ya estaba en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, se llevará acabo como ley supletoria el CNPP, esto conforme al articulo segundo transitorio Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2017). Todo lo anterior con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Extradición Internacional.
Procedimiento:
1.- Cuando un Estado manifieste la intención de presentar petición formal para la extradición de una determinada persona, y solicite la adopción de medidas precautorias respecto de ella, éstas podrán ser acordadas siempre que la petición del Estado solicitante contenga la expresión del delito por el cual se solicitará la extradición y la manifestación de existir en contra del reclamado una orden de aprehensión emanada de autoridad competente.
Si la Secretaría de Relaciones Exteriores estimare que hay fundamento para ello, transmitirá la petición al Procurador General de la República, quien de inmediato promoverá ante el Juez de Distrito que corresponda, que dicte las medidas apropiadas, las cuales podrán consistir, a petición del Procurador General de la República, en arraigo o las que procedan de acuerdo con los tratados o las leyes de la materia. Lo anterior con fundamento en el artículo 17 de la Ley de Extradición Internacional.
Si dentro del plazo de dos meses que previene el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contados a partir de la fecha en que se hayan cumplimentado las medidas señaladas en el artículo 17 de la Ley de Extradicion Internacional, no fuere presentada la petición formal de extradición a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se levantarán de inmediato dichas medidas.
2.- El juez que conozca del asunto notificará a la Secretaría de Relaciones Exteriores el inicio del plazo al que refiere el artículo 18 de la ley antes citada, para que la Secretaría, a su vez, lo haga del conocimiento del Estado solicitante.
3.- Recibida la petición formal de extradición, la Secretaría de Relaciones Exteriores la examinará y si la encontrare improcedente no la admitirá, lo cual comunicará al solicitante. Lo anterior con fundamento en el artículo 19 de la Ley de Extradición Internacional.
4.- Cuando no se hubieren reunido los requisitos establecidos en el tratado o, en su caso, en el artículo 16 de la Ley de Extradición Internacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores lo hará del conocimiento del Estado promovente para que subsane las omisiones o defectos señalados, que en caso de estar sometido el reclamado a medidas precautorias, deberá cumplimentarse dentro del término a que se refiere el artículo 18 de la ley antes cutada. Lo anterior con fundamento en el artículo 20 de la Ley de Extradición Internacional.
5.- Resuelta la admisión de la petición la Secretaría de Relaciones Exteriores enviará la requisitoria al Procurador General de la República acompañando el expediente, a fin de que promueva ante el Juez de Distrito competente, que dicte auto mandándola cumplir y ordenando la detención del reclamado, así como, en su caso, el secuestro de papeles, dinero u otros objetos que se hallen en su poder, relacionados con el delito imputado o que puedan ser elementos de prueba, cuando así lo hubiere pedido el Estado solicitante. Lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Extradición Internacional.
6.- Conocerá el Juez de Distrito de la jurisdicción donde se encuentre el reclamado. Cuando se desconozca el paradero de éste, será competente el Juez de Distrito en Materia Penal en turno del Distrito Federal. Lo anterior con fundamento en el artículo 22 de la Ley de Extradición Internacional.
El Juez de Distrito es irrecusable y lo actuado por él no admite recurso alguno. Tampoco serán admisibles cuestiones de competencia. Lo anterior con fundamento en el artículo 23 de la Ley de Extradición Internacional.
7.- Una vez detenido el reclamado, sin demora se le hará comparecer ante el respectivo Juez de Distrito y éste le dará a conocer el contenido de la petición de extradición y los documentos que se acompañen a la solicitud.
En la misma audiencia podrá nombrar defensor. En caso de no tenerlo y desea hacerlo, se le presentará lista de defensores de oficio para que elija. Si no designa, el Juez lo hará en su lugar. El detenido podrá solicitar al Juez se difiera la celebración de la diligencia hasta en tanto acepte su defensor cuando éste no se encuentre presente en el momento del discernimiento del cargo. Lo anterior con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Extradición Internacional.
Al detenido se le oirá en defensa por sí o por su defensor y dispondrá hasta de tres días para oponer excepciones que únicamente podrán ser las siguientes:
I.- La de no estar ajustada la petición de extradición a las prescripciones del tratado aplicable, o a las normas de la presente ley, a falta de aquél.
II.- La de ser distinta persona de aquella cuya extradición se pide.
El reclamado dispondrá de veinte días para probar sus excepciones. Este plazo podrá ampliarse por el Juez en caso necesario, dando vista previa al Ministerio Público. Dentro del mismo plazo, el Ministerio Público podrá rendir las pruebas que estime pertinentes. Lo anterior con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Extradición Internacional.
El Juez atendiendo a los datos de la petición formal de extradición, a las circunstancias personales y a la gravedad del delito de que se trata, podrá conceder al reclamado, si éste lo pide, la libertad bajo fianza en las mismas condiciones en que tendría derecho a ella si el delito se hubiere cometido en territorio mexicano. Lo anterior con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Extradición Internacional.
Concluido el término a que se refiere el artículo 25 de la Ley antes citada o antes si estuvieren desahogadas las actuaciones necesarias, el Juez dentro de los cinco días siguientes, dará a conocer a la Secretaría de Relaciones Exteriores su OPINIÓN jurídica respecto de lo actuado y probado ante él.
El Juez considerará de oficio las excepciones permitidas en el artículo 25 de la Ley de Extradición Internacional, aún cuando no se hubieren alegado por el reclamado.
Si dentro del término fijado en el artículo 25 de la ley arriba citada, el reclamado no opone excepciones o consiente expresamente en su extradición, el Juez procederá sin más trámite dentro de tres días, a emitir su OPINIÓN.
8.- El Juez remitirá, con el expediente, su OPINIÓN a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que el Titular de la misma dicte la resolución a que se refiere el artículo 30 de la Ley de Extradición intternacional, él detenido entre tanto, permanecerá en el lugar donde se encuentra a disposición de esa Dependencia.
9.- La Secretaría de Relaciones Exteriores en vista del expediente y de la opinión del Juez, dentro de los veinte días siguientes, resolverá si se concede o rehusa la extradición.En el mismo acuerdo, se resolverá, si fuere el caso, sobre la entrega de los objetos a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Extradición Internacional. Si la decisión fuere en el sentido de rehusar la extradición, se ordenará que el reclamado sea puesto inmediatamente en libertad a menos que sea el caso de proceder conforme al artículo siguiente. Lo anterior con fundamento en los artículos 30 y 31 de la Ley de Extradición Internacional.
Si el reclamado fuere mexicano y por ese solo motivo se rehusare la extradición, la Secretaría de Relaciones Exteriores notificará el acuerdo respectivo al detenido, y al Procurador General de la República, poniéndolo a su disposición, y remitiéndole el expediente para que el Ministerio Público consigne el caso al tribunal competente si hubiere lugar a ello.
En todos los casos si la resolución fuere en el sentido de conceder la extradición, ésta se notificará al reclamado.Esta resolución sólo será impugnable mediante juicio de amparo (amparo indirecto).
Transcurrido el término de quince días sin que el reclamado o su legítimo representante haya interpuesto demanda de amparo o si, en su caso, éste es negado en definitiva, la Secretaría de Relaciones Exteriores comunicará al Estado solicitante el acuerdo favorable a la extradición y ordenará que se le entregue el sujeto. Lo anterior con fundamento en los artículos 32 y 33 de la Ley de Extradición Internacional. Pero el artículo 17 de la Ley de Amparo, fracción I, a la letra dice:
Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:
I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días.
10. La entrega del reclamado, previo aviso a la Secretaría de Gobernación, se efectuará por la Procuraduría General de la República al personal autorizado del Estado que obtuvo la extradición, en el puerto fronterizo o en su caso a bordo de la aeronave en que deba viajar el extraditado. La intervención de las autoridades mexicanas cesará, en éste último caso, en el momento en que la aeronave esté lista para emprender el vuelo.
Cuando el Estado solicitante deje pasar el término de sesenta días naturales desde el día siguiente en que el reclamado quede a su disposición sin hacerse cargo de él, éste recobrará su libertad y no podrá volver a ser detenido ni entregado al propio Estado, por el mismo delito que motivó la solicitud de extradición. Artículo 35 de la Ley de Extradición.
Francisco Mora.