Francisco Mora.

martes, 7 de julio de 2020

LA ACCIÓN PENAL.

La acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante autoridad judicial o cuando el ministerio público, solicita orden de comparecencia o en su caso la de aprehensión (esto según el artículo 211 del CNPP), así mismo en el artículo 335 del código antes citado, dice que si una vez concluida la fase de investigación complementaria, el ministerio público, estima que dicha investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará acusación.

Lo anterior ha desatado controversia entre los abogados, ya que unos dicen que la acción penal inicia, como lo indica el artículo 211 del CNPP, otros que como lo dispone el artículo 335 del citado código, algunos otros que se inicia con el citatorio a audiencia inicial, puesta disposición del detenido ante autoridad judicial o cuando el ministerio público, solicita orden de comparecencia o en su caso de aprehensión, tal como lo indica el artículo 211 del CNPP, y se perfecciona cuando el mp, formula acusación, como lo dice el artículo 335 del CNPP, pero hay quienes sostienen que fue un error legislativo y que por esa razón se contradicen dichos artículos y que la acción penal inicia con la acusación, su servidor concuerda con esta última hipótesis.

REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES.

El Registro Nacional de Detenciones, consiste en una base de datos, que concentra la información a nivel nacional sobre las personas detenidas, conforme a las facultades de las autoridades durante las etapas del proceso penal o del procedimiento administrativo sancionador ante juez municipal o cívico, respectivamente. Dicho registro forma parte del Sistema Nacional de Información, en Seguridad Pública y tiene por objetivo prevenir la violación de los derechos humanos de la persona detenida, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, o la desaparición forzada. El número de registro de la detención que otorgue el Sistema de Consulta, tendrá la finalidad de establecer el seguimiento a la persona detenida, hasta que es puesta en libertad por parte de la autoridad competente en cualquiera de las etapas del proceso penal o administrativo.

El Registro inmediato, sobre la detención que realizará la autoridad deberá contener, al

menos, los siguientes elementos:

1.- Nombre.

2.- Edad.

3.- Sexo.

4.- Lugar, fecha y hora en que se haya practicado la detención y los motivos de la misma, así como si esta obedece al cumplimiento de una orden de aprehensión, detención por flagrancia, caso urgente o arresto administrativo.

5.- Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En su caso, institución, rango y area de adscripción.

6.- La autoridad a la que será puesta a disposición.

7.- El nombre de algún familiar o persona de confianza, en caso de que la persona detenida

acceda a proporcionarlo.

8.- El señalamiento de si la persona detenida presenta lesiones apreciables a simple vista.

9.- Los demás datos que determine el Centro Nacional de Información que permitan atender el objeto de la Ley Nacional del Registro de Detenciones.

El Sistema de Consulta, en su caso, emitirá el reporte correspondiente de la persona

detenida, el cual deberá contener al menos lo siguiente:

1.- La autoridad o institución que efectuó la detención.

2.- La autoridad que tiene a su disposición a la persona detenida.

3.- El domicilio del lugar donde se encuentra la persona detenida.

4.- Lugar, fecha y hora en que se haya practicado la detención.

Tratándose de delincuencia organizada solo estará disponible la información sobre la fecha de la detención y si la persona se encuentra detenida.

Dicho registro deberá realizarse sin demérito, de que la autoridad, que efectúe la detención cumpla con la obligación de emitir su respectivo informe policial y demás documentos a que se refiere, el CNPP.

La implementación sera gradual de acuerdo a

lo siguiente:

a) Para el caso de la información referente a los registros de detenciones en materia de delitos federales, en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto (ocurrió el 23 de Noviembre del 2019).

b) Para el caso de la información referente a los registros de detenciones en materia de delitos del fuero común, a más tardar al 1 de abril del año 2020.

c) Para el caso de la información referente a los registros de detenciones de carácter

administrativo, a más tardar al 1 de abril del año 2021.

En el siguiente link, podrán consultar el registro de las detenciones, en caso de que el ministerio público, sea omiso a realizar dicho registro, se puede utilizar como materia del debate, en el control de la detención (además de lo que ya sabemos, como si hubo o no flagrancia o caso urgente etc.).

https://consultasdetenciones.sspc.gob.mx/

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL.

Los mecanismos de solución de controversia son la mediación, la conciliación y la junta restaurativa:

MEDIACIÓN

Es el mecanismo voluntario mediante el cual los Intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el fin de alcanzar la solución de ésta. El facilitador durante la mediación propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los intervinientes.

LA CONCILIACIÓN

Es el mecanismo voluntario mediante el cual los Intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, proponen opciones de solución a la controversia en que se encuentran involucrados. Además de propiciar la comunicación entre los Intervinientes, el Facilitador podrá, sobre la base de criterios objetivos, presentar alternativas de solución diversas.

JUNTA RESTAURATIVA

La junta restaurativa es el mecanismo mediante el cual la víctima u ofendido, el imputado y, en su caso, la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el objeto de lograr un acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como la reintegración de la víctima u ofendido y del imputado a la comunidad y la recomposición del tejido social.

Los principios rectores de los Mecanismos Alternativos de solución de controversias son:

1.- Voluntariedad: La participación de los Intervinientes deberá ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación.

2.- Información: Deberá informarse a los Intervinientes, de manera clara y completa, sobre los Mecanismos Alternativos, sus consecuencias y alcances.

3.- Confidencialidad: La información tratada no deberá ser divulgada y no podrá ser utilizada en perjuicio de los Intervinientes dentro del proceso penal, salvo que se trate de un delito que se esté cometiendo o sea inminente su consumación y por el cual peligre la integridad física o la vida de una persona, en cuyo caso, el Facilitador lo comunicará al Ministerio Público para los efectos conducentes.

4.- Flexibilidad y simplicidad: Los mecanismos alternativos carecerán de toda forma estricta, propiciarán un entorno que sea idóneo para la manifestación de las propuestas de los Intervinientes para resolver por consenso la controversia; para tal efecto, se evitará establecer formalismos innecesarios y se usará un lenguaje sencillo.

5.- Imparcialidad: Los Mecanismos Alternativos deberán ser conducidos con objetividad, evitando la emisión de juicios, opiniones, prejuicios, favoritismos, inclinaciones o preferencias que concedan u otorguen ventajas a alguno de los Intervinientes.

6.- Equidad: Los Mecanismos Alternativos propiciarán condiciones de equilibrio entre los Intervinientes.

7.- Honestidad: Los Intervinientes y el Facilitador deberán conducir su participación durante el mecanismo alternativo con apego a la verdad.

Lo anterior encuentra su fundamento en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.

domingo, 5 de julio de 2020

JUSTICIA RESTAURATIVA EN LA EJECUCIÓN DE SANCIONES.

En la ejecución de sanciones penales, podrán llevarse procesos de justicia restaurativa, en los que la víctima u ofendido, el sentenciado y en su caso, la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, participan de forma

individual o conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, con el objeto de identificar las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como a coadyuvar en la reintegración de la víctima u ofendido y del sentenciado a la comunidad y la recomposición del tejido social. La justicia restaurativa se regirá por los principios de voluntariedad de las partes, flexibilidad, responsabilidad, confidencialidad, neutralidad, honestidad y reintegración.

Los procesos de justicia restaurativa en la ejecución de sanciones, serán procedentes para todos los delitos y podrán ser aplicados a partir de la emisión de sentencia condenatoria.

En la audiencia de individualización de sanciones en el caso de que se dicte sentencia condenatoria, el Tribunal de Enjuiciamiento informará al sentenciado y a la víctima u ofendido, de los beneficios y la posibilidad de llevar a cabo un proceso de justicia restaurativa en la ejecución de sanciones; en caso de que por acuerdo de las

partes se opte por el mismo, el órgano jurisdiccional canalizará la solicitud al área correspondiente. Si el sentenciado se somete al proceso de justicia restaurativa, el Juez de Ejecución lo considerará como parte

complementaria del plan de actividades.

Los procesos de justicia restaurativa en los que participe la víctima u ofendido y el sentenciado constarán de dos etapas:

Preparación, y Encuentro, en las cuales se contará con la asistencia de un facilitador.

Serán requisitos para su realización que el sentenciado acepte su responsabilidad por el delito y participe de manera voluntaria, que la víctima dé su consentimiento pleno e informado de participar en el proceso y que sea mayor de edad, verificar que la participación de la víctima y del sentenciado se desarrolle en condiciones seguras, dichas etapas constan de:

1.- Etapa de Preparación consiste en reuniones previas del facilitador con el sentenciado y en su caso sus acompañantes; para asegurarse que están preparados para participar en un proceso de justicia restaurativa y aceptan su responsabilidad por el delito; reuniones previas del facilitador con la víctima u ofendido y en su caso sus acompañantes; para asegurarse que están preparados para participar en un proceso de justicia restaurativa y no existe riesgo de revictimización y en caso de que participen autoridades o miembros de la comunidad, reuniones previas del facilitador con los mismos, para asegurar su correcta participación en el proceso.

2.- Etapa de Encuentro consiste en sesiones conjuntas en las que el facilitador hará una presentación general y explicará brevemente el propósito de la sesión. Acto seguido, formulará las preguntas previamente establecidas. Las

preguntas se dirigirán en primer término al sentenciado, posteriormente a la víctima u ofendido, en su caso a otros intervinientes afectados por parte de la víctima u ofendido y de la persona imputada respectivamente y, por último, a los miembros de la comunidad que hubieren concurrido a la sesión. Una vez que los Intervinientes hubieren contestado las preguntas del facilitador, éste procederá a coadyuvar para encontrar formas específicas en que los participantes consideren se logra la satisfacción de las necesidades y la reintegración de las partes en la sociedad.

Enseguida, el facilitador concederá la palabra al sentenciado para que manifieste las acciones que estaría dispuesto a realizar para dicho fin, así como los compromisos que adoptará con los participantes.

El facilitador, sobre la base de las propuestas planteadas por los intervinientes, podrá concretar un acuerdo que todos estén dispuestos a aceptar como resultado de la sesión y en la cual se establecerán las conclusiones y acuerdos de la misma. Lo anterior encuentra su fundamento del artículo 200 al 205 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

UN POCO DE EJECUCIÓN PENAL.

En este pequeño artículo, hablaremos de los requisitos que que se requieren, para la libertad condicionada y libertad anticipada, figuras que nos ayudarán a que nuestros representados obtengan su libertad antes de tiempo:

LIBERTAD CONDICIONADA

La Libertad condicionada, la podrá conceder el Juez de Ejecución a la persona sentenciada, el beneficio de libertad condicionada puede ser bajo la modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico. Los requisitos para la obtención de la libertad condicionada son:

1.- Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme.

2.- Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad.

3.- Haber tenido buena conducta durante su internamiento.

4.- Haber cumplido satisfactoriamente con el Plan de Actividades al día de la solicitud.

5.- Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en las modalidades y con las excepciones establecidas en esta Ley.

6.- No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva, y

7.- Que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos.

No gozarán de la libertad condicionada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Lo anterior encuentra su fundamento en del artículo 136 al 140 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

LIBERTAD ANTICIPADA

La libertad anticipada extingue la pena de prisión y otorga libertad al sentenciado. Solamente persistirán, en su caso, las medidas de seguridad o sanciones no privativas de la libertad que se hayan determinado en la sentencia correspondiente.

El beneficio de libertad anticipada se tramitará ante el Juez de Ejecución, a petición del sentenciado, su defensor, Ministerio Público o a propuesta de la Autoridad Penitenciaria, notificando a la víctima u ofendido. Para conceder la libertad anticipada, a la persona sentenciada deberá además contar con los siguientes requisitos:

1.- Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme.

2.- Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad.

3.- Haber tenido buena conducta durante su internamiento.

4.- Haber cumplido con el Plan de Actividades al día de la solicitud.

5.- Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en su caso.

6.- No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva oficiosa.

7.- Que hayan cumplido el setenta por ciento de la pena impuesta en los delitos dolosos o la mitad de la pena tratándose de delito culposos.

No gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Lo anterior encontrará fundamento en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

PLAZOS DE AMPARO (2020).

a. El plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo, son 15 días hábiles. Artículos 17 y 18 de la ley de Amparo.

b. Amparo vs norma autoaplicativa son 30 días a partir de su entrada en vigor. Artículo 17, fracción I,de la ley de Amparo.

c. Amparo vs sentencia definitiva condenatoria penal con pena de prisión, son hasta 8 años. Artículos 17.fracción II y 18 de la ley de Amparo.

d. Amparo vs actos privativos de la propiedad, posesión, disfrute de derechos agrarios son 7 años. Artículo 17,fracción III, de la ley de Amparo.

e. Amparo vs privación dela vida, libertad personal, Incomunicación, deportación, expulsión, destierro, desaparición forzada de personas y los prohibidos por el artículo 22 de la CPEUM. Artículo 17, fracción IV de la ley de Amparo.

f. Recurso de revisión dentro del plazo de 10 días. Artículo 86 de la ey de Amparo.

g. Revisión adhesiva son 5 días contados a partir de que surta efectos la notificación de la admisión del recurso de revisión. Artículo 82 de la ey de Amparo.

h. Recurso de queja son 5 días.Articulo 98 de la ley de amparo, exepto:

1. Cuando se trate de suspensión de plano o provisional seran 2 días hábiles.

2. Cuando se omita tramitar la demanda de amparo será cualquier tiempo.

i. Recurso de reclamación son 3 días siguientes, que surta efectos la resolucion impugnada. Artículo 104 de la ley de Amparo.

j. Recurso de Inconformidad son 15 días, contados a partir del día siguiente, en que surta efectos la notificación. Artículo 202 de la ley de Amparo.

k. Presentar informe justificado en amparo indirecto son 15 días. Artículo 117 de la ley de Amparo.

l. Presentación de pruebas se deberán presentar a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional. Artículo 119 de la ley de amparo.

m. Presentar Informe previo dentro del plazo de 48 horas, siguientes al día de la notificación. Artículo 138, fracción III, de la ley Amparo.

n. Presentar Informe justificado en amparo directo en 5 dias, contados a partir de la presentación de la demanda. Artículo 178 de la ley de Amparo.

o. Alegatos o amparo adhesivo en amparo directo son 15 dias a partir de la notificación de la admisión de la demanda. Articulo 181de la ley de Amparo.

p. Los plazos corren a partr del día

siguiente en que surta efectos la notificación. Artículos 18, 22, 31 fracción II de la ley de Amparo.

ELEMENTOS DE LA CLASIFICACIÓN JURÍDICA.

Son elementos de la clasificación jurídica, conforme al artículo 141 del CNPP:

1. Tipo penal que se atribuye.

2. El grado de ejecución del hecho.

3. Forma de intervención.

4. La naturaleza dolosa o culposa de la conducta.

Y en su caso la clase de concurso correspondiente.